Estamos inmersos en un invierno en el las precipitaciones, especialmente en forma de nieve, están siendo especialmente relevantes tanto por duración como por cantidad y consecuencias. Evidentemente este hecho tiene consecuencias positivas (se recupera el desfase de precipitaciones de los últimos años, se acumula una buena reserva hídrica para el resto del año; y debido a la inestabilidad atmosférica se reducen los accidentes en la montaña, aunque sea debido a que ante el mal tiempo salimos menos al monte).
Las consecuencias negativas se hacen mas evidentes, puesto que nos las transmiten los medios de comunicación: carreteras cortadas, infraestructuras afectadas, dificultades de transito, ... son noticias que se está convirtiendo en habituales en las zonas de montaña peninsulares.
Tweet de @meteopallars contabilizando los días que lleva cerrado el Puerto de la Bonaigua.
Esta claro que nadie tiene la culpa de las copiosas y repetidas nevadas que estamos sufriendo (y bienvenidas que sean), pero igual que se pide precaución y se amenaza, o directamente se cobra, a quienes acuden a la montaña y sufren algún problema; ¿no habría que dirigir esta pregunta a las administraciones publicas y entidades privadas que alientan, fomentan o consienten el acceso a determinadas infraestructuras en estas condiciones?
Pequeño alud de placa desencadenado involuntariamente en diciembre 2012.
Afortunadamente parece que algunas cosas están cambiando, quizás demasiado poco a poco, pero se comienzan a realizar acciones encaminadas a la prevención en lugar de actuar a posteriori (con muchos matices, eso si). Y es que, por lo que hemos podido saber, ha habido dos centros invernales aragoneses que debido a a la peligrosidad de la situación debida a la acumulación de nieve han decidido cerrar y esperar a mejores momentos para reanudar su normal funcionamiento; En el Valle del Aragón la estación de esquí de
Astún, tras sufrir dos aludes en sus inmediaciones (que derribaron una torre eléctrica, y afectaron a un trenecito de transporte interno de viajeros) decidió cerrar temporalmente sus instalaciones el pasado fin de semana del 9 y 10 de febrero; de igual manera en el Valle de Benasque en los
Llanos del Hospital han tomado la misma decisión por el riesgo existente en el acceso por carretera, riesgo que se ha visto consumado en dos ocasiones ya este invierno provocando el corte de la carretera y la consiguiente situación de aislamiento.
Desde una óptica jurídica es interesante preguntarse quien es el responsable de estos sucesos, y si es exigible a las administraciones publicas una mayor vigilancia y control sobre las infraestructuras que se crean en zonas de montaña. Es evidente que las empresas que prestan servicios en zonas de montaña ocasionan un efecto llamada que es el origen del lucro que obtienen lo que encaja perfectamente con el aforismo latino
Ubi emolumentum, ibi onus (Quien se beneficia de un trabajo tiene que soportar los riesgos que origina); pero no es menos cierto que todas estas infraestructuras han sido instaladas bajo el amparo de una normativa administrativa que habría que plantearse si es es realmente suficiente. Como ejemplo la noticia del
Alud en el parking del Telecabina Esquiros en Baqueira Beret que ha producido un herido leve.
Queda demostrado que la prevención de los accidentes en montaña abarca muchos mas niveles de los que algunas administraciones publicas estas empeñados en hacernos creer; esperemos que no haya que esperar a la determinación de responsabilidades en vía judicial para adoptar soluciones firmes y apriorísticas.
